RIESGO Y (A)VENTURA

Un blog de Derecho Administrativo

La primera vez que estuve en Murcia, allá por el ahora lejanísimo verano de 2009, me sorprendió mucho un enorme cartel en la fachada principal del Consistorio, visible desde la Plaza a la que mira el Ayuntamiento, con la leyenda “AGUA PARA TODOS”.

Me dieron las explicaciones oportunas, y volví a ver el cartel las veces que anduve por esa capital levantina. Como hace mucho que no voy por esas latitudes, no sé si seguirá esa reivindicación visible con grandes letras. Pero he querido tomar prestado ese eslogan como titular del presente post, con permiso de las buenas gentes de allá.

Hace unos veranos, tuvimos ocasión de conocer en nuestro despacho a unas familias encantadoras provenientes de Las Castillas que, desde hacía un tiempo, había decidido invertir sus ahorros en unas viviendas de segunda residencia en la costa gaditana con miras a pasar su jubilación en tierras meridionales.

Se trata de viviendas que, como ocurre lamentablemente en gran parte del litoral andaluz, se encuentran en ese limbo jurídico que es la situación de fuera de ordenación. Viviendas que habían sido construidas en suelo no apto legalmente para ello en los años 90 con la tácita aquiescencia de todas las Administraciones con competencias en materia urbanística, territorial y medioambiental, debido a una mezcla perfecta de dos tazas de falta de recursos humanos, económicos y materiales, una taza de indolencia y una cuchara sopera de complicidad para con los vecinos, todos ellos posibles votantes, familiares y amigos (y también allegados, por utilizar una palabra muy en boga ahora).

No fueron los únicos que compraron y construyeron casas, por supuesto. A las residencias ya existentes se fueron uniendo otras, y llegado el momento, se constituyó todo un vecindario que empezó a demandar servicios básicos de abastecimiento, a pesar de que las casas habían sido ilegalmente construidas al no haberse culminado la previa transformación urbanística.

Así que el Ayuntamiento de la localidad fue admitiendo nuevos enganches y acometidas de agua, sobre todo para evitar problemas de salubridad. Llegó un momento en el que la práctica totalidad de viviendas tenían suministro de agua potable, aunque el suelo que ocupaban aún no hubiese sido objeto de transformación urbanística.

El planteamiento de nuestros clientes fue bien sencillo: los servicios municipales rechazaron su pretensión de acceso al servicio de suministro de agua potable, y no entendían por qué unos vecinos tenían derecho y otros no.

Durante nuestro primer encuentro, les explicamos a nuestros clientes la conocida doctrina del carácter no vinculante del precedente administrativo y que los juzgados de lo contencioso-administrativo, con buen criterio, y con arreglo a la función revisora de la actividad administrativa, no pueden ni deben aceptar actuaciones ilegales favorables a los ciudadanos por el mero hecho de que ya hayan tenido lugar con anterioridad.

Por tanto, entendimos que la probabilidad de éxito de su pretensión de acceso al agua potable en vía contencioso-administrativa era remota.

No obstante, les pedimos que nos dejaran estudiar el asunto y, sobre todo, revisar muy bien los hechos. Como siempre, los hechos son mucho más importantes que los argumentos jurídicos.

En este caso, pudimos comprobar que realmente la inmensa mayoría de propietarios en el sector, que había sido clasificado como suelo no urbanizable, contaba con agua potable, y que los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para denegar el acceso de la familia eran, en este caso concreto, arbitrarios. Porque se aplicaban a unos sí y a otros no sin razón alguna, ni aparente ni latente. Y eso es, en esencia, la arbitrariedad.

A este argumento fáctico y de justicia material o equidad podía y debía añadirse una fundamentación jurídica algo más compleja, sofisticada y sutil, pero igual de relevante: atendiendo a los antecedentes legislativos, se detecta claramente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (y en el resto de Comunidades Autónomas, todas ellas con competencias en materia urbanística) una tendencia a dotar de suministros básicos a aquellas viviendas que se encuentren en edificaciones irregulares frente a las que no se puede actuar, por haberse consentido expresa o tácitamente durante un determinado periodo de tiempo, de forma que resulta más proporcionado y acorde al interés general procurar su adecuación ambiental y territorial.

En el ámbito andaluz, esta tendencia se desprende de las sucesivas reformas legislativas en la materia. Se inicia con la Ley 2/2012, de 30 de enero, que modificó la Ley 7/2002, previendo el acceso provisional a servicios básicos en edificaciones aisladas. Continúa con la Ley 6/2016, que lo amplió a las edificaciones en suelo no urbanizable. Sigue con la Ley 2/2018, que lo extendió a asentamientos urbanísticos compatibles con el modelo urbanístico y territorial del municipio que se hayan incorporado a la ordenación urbanística del mismo (como ocurría con el supuesto de nuestros Clientes). Y ha culminado, hasta la fecha, en el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que fue convalidado por el Pleno del Parlamento de Andalucía en su sesión celebrada el 24 de octubre de 2019.

Al comprobar que tenían un caso (como dirían los estadounidenses), finalmente impugnamos en nombre de nuestros clientes las desestimaciones de las solicitudes de acceso a agua potable. Sobre todo, teniendo en cuenta los problemas de salubridad y la circunstancia de que los peticionarios eran personas mayores a las que la imposibilidad de contar con agua les ocasionaba una significativa merma de su calidad de vida.

Finalmente, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo correspondientes estimaron las pretensiones en virtud de las sentencias que pueden descargarse aquí Sentencias .

Las resoluciones judiciales van más allá de la mera denegación del derecho de acceso al agua potable por el carácter urbanizable del suelo donde se ubican las viviendas. Realizan un estudio hermenéutico de la legislación urbanística andaluza, y tienen en cuenta el componente de justicia material, esto es, el carácter discriminatorio de la medida de denegación, habida cuenta de que la mayoría de los vecinos del ámbito contaban con agua potable.

Las sentencias han sido recurridas en apelación. Confiamos en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmará el criterio del Juzgador de instancia. Más aún teniendo en cuenta que, en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria, el acceso a un servicio tan básico como el suministro de agua potable es, si cabe, aún más importante para todos.

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Sobre el autor del articulo:

Charles Coyle Fernández

Abogado

Artículo publicado el 30 Ene 2021

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