RIESGO Y (A)VENTURA

Un blog de Derecho Administrativo

El pasado 22 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (“BOJA”) el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, “por el que se adoptan medidas de agilización y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía” (“DL 3/2021”). El enlace a la norma está disponible aquí.

Esa norma de rango legal ha sido adoptada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con el explícito fin de agilizar, de forma urgente, los procedimientos presupuestarios, de contratación y administrativos para adaptar la Administración andaluza a la gestión de la inyección de los fondos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación “Next Generation EU aprobados en el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020, dada la dimensión cuantitativa de los mismos y la necesidad de que la formalización de todos los compromisos de gasto financiados con esos fondos tenga lugar no más tarde de 2023 o 2026, dependiendo del caso.

No obstante, y como suele ocurrir con este tipo de normas gubernamentales de urgencia, también introduce en sus disposiciones finales importantes modificaciones de aplicación general no vinculada a fondos europeos.

El objeto de esta breve reseña es listar y analizar de forma resumida los aspectos que desde el Despacho hemos entendido más relevantes para nuestros clientes, ordenados en los siguientes bloques:

  1. CONTRATACIÓN PÚBLICA

El DL 3/2021 se refiere a la contratación pública como una actividad de “carácter estratégico que supera la concepción clásica del instrumento administrativo para la adquisición de bienes y servicios al mejor precio que representa el 20% del PIB y que resulta clave para la transformación del modelo económico andaluz en las líneas marcadas por la Unión Europea.

Realiza un mandato al sector público andaluz de utilizar los contratos con cargo a los fondos europeos de forma estratégica y alineada con los objetivos de:

  • Garantizar la protección del medio ambiente.
  • Fortalecer el potencial de crecimiento y la creación de empleo.
  • Impulsar la inversión pública y privada.
  • Apoyar al tejido productivo.
  • Acelerar la doble transición ecológica y digital.
  • Reforzar el aumento de la resiliencia y cohesión económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo.

Sin perjuicio de esta declaración de intenciones, se agiliza la tramitación de la aprobación de los expedientes de contratación y la posterior licitación mediante la eliminación o supresión parcial de informes preceptivos y autorizaciones del Consejo de Gobierno y la limitación del plazo para aclaración de ofertas a tres días naturales.

Resulta algo confusa la medida en cuanto a la preferencia por la aportación de garantías definitivas mediante retención en el precio. El artículo 29.1 parece establecer una preferencia en cuanto a este tipo de garantía, pero el apartado 3 del mismo precepto parece dar libertad al adjudicatario para constituir la garantía total o parcialmente mediante el resto de los medios previstos legalmente (efectivo, valores, aval y seguro de caución).

Más interesantes son las medidas en cuanto a la preferencia en la tramitación de los recursos especiales en materia de contratación que se refieran a contratos financiados con fondos europeos a resolver por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, la previsión de una causa concreta de modificación de contratos por “circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” cuando las “modificaciones de la programación europea vigente tengan incidencia sobre el objeto del contrato, lo que permitirá al órgano de contratación reducir o incrementar el precio, si bien asegurando el “…mantenimiento del equilibrio económico del contrato…” y la posible sumisión a arbitraje de las decisiones que adopte el órgano de contratación al ejercer sus prerrogativas exorbitantes (interpretación, resolución de dudas, modificación, suspensión y resolución) sin que sea necesaria la previa aprobación del Consejo de Gobierno.

Del mismo modo, se crean unidades administrativas y órganos específicos para la gestión de la contratación pública (Oficina Técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos y Dirección General de Contratación) y se prevén mecanismos para la armonización de actuaciones, como el carácter obligatorio para todas las unidades y órganos de las instrucciones de la Comisión Consultiva de Contratación Pública.

Se incrementa el número de vocales del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que pasan de dos a cuatro, pudiendo incrementarse el número por decreto del Consejo de Gobierno.

  1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Se declara el despacho prioritario de todos los procedimientos administrativos relativos a la gestión de proyectos con fondos europeos y la tramitación de todos ellos como urgente.

Los trámites de audiencia e información pública tendrán una duración de siete días hábiles y se reducen a la mitad los plazos para la emisión de informes, consultas y dictámenes.

Todos los procedimientos de aprobación de normas que se adopten en el marco de la gestión de proyectos financiables con fondos europeos tendrán el carácter de urgente.

Se introducen significativas modificaciones en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos financiados mediante fondos europeos. A este respecto, se permite al Consejo de Gobierno, de forma excepcional y “…a propuesta…” del órgano sustantivo, excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, “…cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto”.

Además, se prevé que la excepcionalidad en este sentido cuando el proyecto consista en “…meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes, que no supongan construcción de nueva planta, aumento de la superficie afectada o adición de nuevas construcciones ni afección sobre recursos hídricos y entre cuyos requisitos se incorporen para su financiación y aprobación la mejora de las condiciones ambientales, tales como la eficiencia energética o del empleo de recursos naturales, la reducción de su impacto ambiental o la mejora de la sostenibilidad de la instalación ya existente”.

  1. SUBVENCIONES

Se introducen medidas de agilización de aprobación y posterior justificación de subvenciones.

Resultan especialmente aliviadoras las que se refieren a la posibilidad de justificar los gastos mediante copias digitalizadas por los propios interesados de los documentos acreditativos del pago, sin perjuicio de la obligación de conservar los originales para ponerlos a disposición de actuaciones de comprobación, así como a la posibilidad de realizar compensaciones entre los conceptos presupuestarios si se dirigen a alcanzar el fin de las subvenciones.

Se refuerza el papel de la colaboración social para la gestión de subvenciones a través de colegios profesionales y organizaciones representativas de intereses sociales, económicos, laborales y empresariales.

  1. CONVENIOS ADMINISTRATIVOS

Se permite que la duración de los convenios administrativos exceda el máximo legal actual de cuatro años y hasta un total de seis años, con posibilidad de prórroga de otros seis años, y el posible derecho del acreedor de la Administración a un anticipo de hasta el 50% de la cantidad total a percibir para realizar las actuaciones financiadas.

  1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Se introduce una batería de medidas encaminadas a poner a todo el personal empleado público de la Administración andaluza y sus entidades instrumentales a la gestión de los proyectos y procedimientos con cargo a los fondos europeos.

Se crean órganos y unidades concretas para la planificación y control de la gestión de los fondos bajo la existente Comisión Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera.

Estas medidas de agilización en algunos casos suponen cierta manifestación del fenómeno de huida del Derecho Administrativo, con lo que ello supone en términos de ausencia de controles y posible aumento potencial del riesgo de irregularidades.

También se incrementa en gran medida el ámbito de la discrecionalidad administrativa y se otorga un papel muy relevante a entidades privadas colaboradoras. Sería conveniente que todo este paquete de medidas fuese acompañado de un refuerzo de los mecanismos de prevención y control en la gestión y destino de los fondos.

Para terminar este brevísimo prontuario, nos gustaría referirnos nuevamente a la exposición de motivos de la norma, texto que por la urgencia del día a día no se lee y que es en realidad más importante que las disposiciones o que el propio articulado.

Incluye una reflexión que realiza sobre la oportunidad de estos fondos, que para el ejecutivo andaluz van más allá del objetivo de recuperar los niveles de riqueza previos a la pandemia, ya que se conciben como una “…oportunidad que estos ofrecen a la economía andaluza para avanzar en las transformaciones puestas en marcha para modernizar nuestro tejido productivo, facilitando simultáneamente las transiciones ecológica y digital”, razón por la cual los fondos “…están destinados prioritariamente a desarrollar las infraestructuras sociales y económicas y a fortalecer el capital humano en un futuro que será verde y digital”.

Es preciso que estos fondos provenientes del esfuerzo agregado de todos los que formamos parte de la Unión Europea sean sabiamente utilizados para incrementar el nivel de convergencia económica y social de Andalucía con el resto de España y de Europa. Frente al estereotipo, lo cierto es que la inmensa mayoría de andaluces hacemos méritos en nuestro día a día para ser merecedores de ello.

Ojalá.

 

Sobre el autor del articulo:

Charles Coyle Fernández

Abogado

Artículo publicado el 27 Feb 2021

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